FUERA PAALES PDF

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Author:Yorg Goshicage
Country:Germany
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):21 April 2013
Pages:105
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ISBN:313-3-22559-933-9
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Mi madre es una persona de 86 aos quien no puede valerse por si sola, ha sido diagnosticada de Demencia Senil, padece de intensos dolores en la regin del colon, se le ha descubierto cncer en los senos y recientemente se ha establecido que dicho cncer le hizo metstasis en los huesos, razn por la cual no puede caminar ni transportarse por si sola, hacindose evidente la necesidad de usar Paales adecuados para su edad, los cuales estoy gastando en proporcin de cuatro 4 al da y las cremas y aditamentos que se requieren para usarlos sin perjuicio alguno.

Desde hace dos aos me he visto en la obligacin de usar una silla de ruedas para poder transportarla, silla de ruedas que adems de no estar en muy buen estado, me la facilita una vecina debido a que no poseo medios econmicos para poder comprar una. Recientemente la persona que me la ha prestado, me la pidi de regreso, quedando mi madre sin posibilidad de transportarse, situacin que ha vuelto sumamente engorroso el desempeo con ella dentro y fuera del hogar.

Debido a lo anterior, realic una peticin a SALUDCOOP EPS solicitando el suministro de los paales, cremas contra la paalitis, paos hmedos, silla de ruedas y en general, todo lo que se necesita para la digna manutencin de mi madre, sin embargo la respuesta por parte de la accionada fue negativa. Yo trabajo vendiendo tamales, mis ingresos mensuales son inferiores al Salario Mnimo Legal Mensual Vigente y ninguno de nuestros familiares cercanos se encuentra en situacin econmica estable capas de sufragar los gastos que la enfermedad de mi madre requiere, razn por la cual no contamos con los medios econmicos necesarios para soportar los gastos que el estado de mi madre demanda.

SEGUNDO: De igual manera solicito que sean otorgados los paitos hmedos para la limpieza de su organismo y las cremas necesarias para evitar algn brote o alergia derivada del uso del paal. TERCERO: Que se ordene a la entidad accionada otorgar una silla de ruedas para poder transportar a mi madre dentro y fuera de mi hogar.

De los derechos, las garantas y los deberes captulo I. De los derechos fundamentales: Derecho a la dignidad humana: La proteccin del derecho a la vida no se limita a la idea reducida del peligro de muerte, sino que se extiende a la posibilidad concreta de recuperacin y mejoramiento de las condiciones de salud del individuo, toda vez que el ser humano debe considerarse integralmente en su aspecto fsico y psquico.

As, la accin de tutela deber prosperar no slo ante eventos de perturbacin del ncleo esencial del derecho a la vida en los que se encuentren amenazadas la funciones vitales del individuo, sino tambin en aquellos casos en que la dignidad de las personas se encuentre en peligro o est siendo vulnerada, por supuesto, atendiendo a las particularidades de cada situacin.

La dignidad humana como parte integrante del derecho a la vida y como principio que rige la interpretacin de las normas constitucionales, descarta toda actitud despectiva frente a las necesidades corporales y espirituales de las personas, las cuales merecen igual atencin en el marco del Estado Social de Derecho1.

Derecho a la integridad personal: pese a no tener una consagracin explcita, se deduce de manera directa del artculo 12 de la Constitucin. Corte Constitucional, Sentencia T La garanta constitucional, segn la cual "nadie ser sometido a desaparicin forzada, a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes", hace de la integridad individual un derecho intangible. Objeto de proteccin del artculo 12 es el cuerpo humano como unidad orgnico-espiritual2.

Es cierto que la salud y la integridad fsica son objetos jurdicos identificables, pero nunca desligados de la vida humana que los abarca de manera directa. Por ello cuando se habla del derecho a la vida se comprenden necesariamente los derechos a la salud e integridad fsica, porque lo que se predica del gnero cobija a cada una de las especies que lo integran.

Es un contrasentido manifestar que el derecho a la vida es un bien fundamental, y dar a entender que sus partes -derecho a la salud y derecho a la integridad fsica- no lo son3. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promocin, proteccin y recuperacin de la salud. Tambin, establecer las polticas para la prestacin de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.

As mismo, establecer las competencias de la Nacin, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los trminos y condiciones sealados en la ley. Los servicios de salud se organizarn en forma descentralizada, por niveles de atencin y con participacin de la comunidad.

La ley sealar los trminos en los cuales la atencin bsica para todos los habitantes ser gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. ARTICULO 86 Constitucin Poltica: Toda persona tendr accin de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s misma o por quien acte a su nombre, la proteccin inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que stos resulten vulnerados o amenazados por la accin o la omisin de cualquier autoridad pblica.

La proteccin consistir en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, acte o se abstenga de hacerlo. El fallo, que ser de inmediato cumplimiento, podr impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, ste lo remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisin.

Esta accin solo proceder cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningn caso podrn transcurrir ms de diez das entre la solicitud de tutela y su resolucin. La ley establecer los casos en los que la accin de tutela procede contra particulares encargados de la prestacin de un servicio pblico o cuya conducta afecte grave y directamente el inters colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinacin o indefensin.

La honorable Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos ha planteado las bases de la necesidad de la proteccin a los Derechos que solicito sean Tutelados as: El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vas. La primera ha sido estableciendo su relacin de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del ncleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial proteccin, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto mbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un mbito bsico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitucin, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna.

A continuacin, pasa la Corte a delimitar y caracterizar el derecho a la salud, en los trminos en que ha sido consignado por la Constitucin, el bloque de constitucionalidad, la Ley y la jurisprudencia4. La jurisprudencia constitucional, desde su inicio, ha reconocido que la salud es un estado variable, susceptible de afectaciones mltiples, que inciden en mayor o menor 4 Corte Constitucional, sentencia t medida en la vida del individuo. La salud, por tanto, no es una condicin de la persona que se tiene o no se tiene.

Se trata de una cuestin de grado, que ha de ser valorada especficamente en cada caso. As pues, la salud no slo consiste en la ausencia de afecciones y enfermedades en una persona5.

Siguiendo a la OMS, la jurisprudencia constitucional ha sealado que la salud es un estado completo de bienestar fsico, mental y social dentro del nivel posible de salud para una persona.

En trminos del bloque de constitucionalidad, el derecho a la salud comprende el derecho al nivel ms alto de salud posible dentro de cada Estado, el cual se alcanza de manera progresiva.

La garanta constitucional de toda persona a acceder a los servicios de promocin, proteccin y recuperacin de la salud, contemplada dentro del derecho a la salud art. Negrillas fuera de texto Y como continua estableciendo en la misma jurisprudencia, Toda persona tiene el derecho constitucional a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios que requiera, esto es, servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal, o su dignidad7.

El orden constitucional vigente garantiza a toda persona, por lo menos, el acceso a los servicios de salud de los cules depende su mnimo vital y su dignidad como persona. Negrillas fuera de texto El derecho constitucional a la salud contempla, por lo menos, el derecho a acceder a los servicios de salud que se requieran servicios indispensables para conservar la salud, en especial, aquellos que comprometan la vida digna y la integridad personal.

En la actualidad el acceso a los servicios depende, en primer lugar, de si el servicio requerido est incluido en uno de los planes obligatorios de servicios de salud a los cuales la persona tiene derecho. As pues, dada la regulacin actual, los servicios que se requieran pueden ser de dos tipos: aquellos que estn incluidos dentro del plan obligatorio de salud POS y aquellos que no. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sealado que toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios mdicos contemplados dentro de los planes obligatorios de salud.

La jurisprudencia ha precisado las condiciones en las cuales la vulneracin al derecho a acceder a un servicio fundamental a la Salud es Tutelable, en los siguientes trminos: una persona inscrita en el rgimen de salud contributivo o subsidiado tiene derecho a reclamar mediante accin de tutela la prestacin de un servicio de salud cuando ste i est contemplado por el Plan Obligatorio de Salud POS o POS-S , ii fue ordenado por su mdico tratante adscrito a la entidad prestadora del servicio de salud correspondiente, iii es necesario para conservar su salud, su vida, su dignidad, su integridad, o algn otro derecho fundamental y iv fue solicitado previamente a la entidad encargada de prestarle el servicio de salud, la cual o se ha negado o se ha demorado injustificadamente en cumplir su deber, como se presenta en este caso.

La Corte Constitucional ha concedido el amparo de tutela en casos similares, una vez verificadas las condiciones aqu sealadas.

Negrillas fuera de texto Si bien los conceptos de oportunidad, eficiencia y calidad de los servicios de salud comprenden muchos aspectos, la jurisprudencia constitucional se ha ocupado frecuentemente de problemas recurrentes a los cuales ha respondido aludiendo al principio de integralidad y al principio de continuidad, entre otros. Las entidades deben garantizar integralmente el acceso a los servicios de salud requeridos.

Ha sido postulado por la Corte Constitucional ante situaciones en las cuales los servicios de salud requeridos son fraccionados o separados, de tal forma que al interesado la entidad responsable solo le autoriza una parte de lo que debera recibir para recuperar su salud y lo obliga a costearse por s mismo la otra parte del servicio mdico requerido. Esta situacin de fraccionamiento del servicio tiene diversas manifestaciones en razn al inters que tiene la entidad responsable en eludir un costo que a su juicio no le corresponde asumir.

Este principio ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional con base en diferentes normas legales y se refiere a la atencin y el tratamiento completo a que tienen derecho los usuarios del sistema de seguridad social en salud, segn lo prescrito por el mdico tratante. Dicho principio de integralidad en salud conlleva, entre otros factores, el permitir al paciente la prctica de exmenes de diagnstico y seguimiento, los procedimientos y medicamentos que se requieran, las intervenciones quirrgicas, la atencin y cuidados especializados, las prcticas de rehabilitacin, el desplazamiento de los enfermos, asistencia hospitalaria y domiciliaria, deber de informacin veraz sobre la red de servicios, as como todo otro componente que el mdico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones.

Servicios en salud que se refuerzan en su prestacin oportuna, eficiente e integral en tratndose de personas en situacin de vulnerabilidad como son las que padecen de enfermedades catastrficas o ruinosas.

De hecho, la jurisprudencia constitucional, basndose en la regulacin existente al respecto, ha sealado que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios que requiera, lo cual puede implicar tener derecho a los medios de transporte y gastos de estada. De este modo, se ha establecido que la obligacin de asumir el transporte de una persona se trasladar a las EPS nicamente en los eventos donde se acredite que i ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos econmicos suficientes para pagar el valor del traslado y ii de no efectuarse la remisin se pone en riesgo la vida, la integridad fsica o el estado de salud del usuario.

Adicionalmente, no slo se ha garantizado el derecho al transporte y a otros costos que supone el desplazamiento a otro lugar distinto a aquel de residencia, para acceder a un servicio de salud requerido. Tambin se ha garantizado la posibilidad de que se brinden los medios de transporte y traslado a un acompaante cuando este es necesario. La regla jurisprudencial aplicable para la procedencia del amparo constitucional respecto a la financiacin del traslado del acompaante ha sido definida en los siguientes trminos, i el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, ii requiera atencin permanente para garantizar su integridad fsica y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y iii ni l ni su ncleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado.

As pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstculos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando stas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de su residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado.

Tiene derecho adems, a que se costee el traslado de un acompaante, si su presencia y soporte se requiere para poder acceder al servicio de salud. Para que el paciente tenga derecho a que la EPS cubra los gastos de transporte y estada que sean necesarios para que pueda recibir los servicios mdicos que necesita, se requiere que el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, requiera atencin permanente para garantizar su integridad fsica y el ejercicio adecuado de sus Corte Constitucional.

Sentencia T de Magistrada Ponente Clara Ins Vargas Hernndez labores cotidianas y tambin que ni l ni su ncleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado. Por lo tanto, para su proteccin no es necesario que la persona se encuentre en un riesgo inminente de muerte, sino que toda situacin que haga indigna la existencia y dificulte una buena calidad de vida, es merecedora de proteccin constitucional, tal como ocurre cuando una persona que sufre una seria discapacidad fsica no puede controlar sus esfnteres y necesita de paales desechables para vivir de manera digna.

De esta forma, corresponde al juez de tutela examinar las circunstancias fcticas que revelan cada caso en concreto, y de acuerdo con el examen al que llegue, deber estimar si la negativa de la entidad a suministrar un tratamiento o medicamento excluido de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud, pone o no en peligro el derecho fundamental a la salud o a la vida del interesado, o algn otro derecho fundamental que tenga relacin directa con ellos. Concretamente, en lo que tiene que ver con la negativa por parte de una EPS a suministrar paales desechables a los afiliados que por diversos padecimientos no controlan sus esfnteres, esta Corporacin ha dicho que tal negativa vuelve indigna la existencia humana ya que no les permite gozar de la ptima calidad de vida que merece y, por consiguiente, les impide desarrollarse plenamente.

La inhabilidad para controlar los esfnteres impide al afiliado llevar una vida normal en el desempeo de sus actividades diarias, a menos que se le proporcione en alguna medida, las condiciones que le faciliten vivir con la dignidad que demanda la existencia del ser Subreglas que ha establecido la jurisprudencia constitucional para inaplicar el Plan Obligatorio de Salud del Rgimen Contributivo cuando la prestacin del servicio se requiere con necesidad: La sentencia T de dispuso que para acceder a los servicios de salud que se requieran y que se encuentren excluidos del plan obligatorio de servicios de salud, es necesario que el juez constitucional atienda las siguientes subreglas de interpretacin elaboradas por la Corte, a saber: i ii 10 11 Que la falta del medicamento o el procedimiento excluido, amenace los derechos fundamentales de la vida o la integridad personal del interesado; Que se trate de un medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que, Corte Constitucional.

Magistrado Ponente. Juan Carlos Henao Prez. Que el paciente realmente no pueda sufragar directamente el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a l por ningn otro modo o sistema, esto ltimo es lo que alude a la nocin denecesidad, por no tener el paciente los recursos econmicos para sufragar el valor que la entidad encargada de garantizar la prestacin del servicio est autorizada legalmente a cobrar.

COMPETENCIA Es usted Seor a Juez a competente, segn lo establecido en el articulo 37 del decreto de que precepta que Son competentes para conocer de la accin de tutela, a prevencin, los jueces o tribunales con jurisdiccin en el lugar donde ocurriere la violacin o la amenaza que motivaren la presentacin de la solicitud.

JURAMENTO Como lo seala los artculos 37 y 38 del decreto de , manifiesto bajo la gravedad de juramento, que con anterioridad a esta accin no he promovido accin similar por los hechos relatados anteriormente.

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